Gobierno de Canarias

Quién tramita

• Órgano que tramita:

  Dirección General de Transportes

Quién resuelve

• Órgano que resuelve:

  Dirección General de Transportes
  

  Plazo de resolución:

  3 meses
  

  Efectos del silencio cuando el trámite se inicia por el interesado:

  Estimatorio

  Recursos:

  Recurso de Alzada
  

Observaciones

• Antelación mínima de 15 días HÁBILES al inicio de la actividad

Normativa

• Normativa autonómica

  Ley 12/2007 de 24 de abril, de Ordenación del Transporte Marítimo de Canarias. ( BOC nº 88, de 3.05.2007)

  Resolución de 27 de marzo de 2019 que modifica el anexo de la de 6 de marzo de 2018 de la Directora de Transportes, que establece los procedimientos sujetos a notificación electrónica mediante comparecencia en sede electrónica, incorporando procedimientos

  Normativa estatal

  Real Decreto 1027/1989, de 28 de julio, sobre abanderamiento, matriculación de buques y registro marítimo.

  Real Decreto 1575/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Seguro Obligatorio de Viajeros.

  Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante

  Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima

  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

  Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

  Real Decreto 339/2021, de 18 de mayo, por el que se regula el equipo de seguridad y de prevención de la contaminación de las embarcaciones de recreo

  Real Decreto 186/2023, de 21 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Navegación Marítima

  Normativa europea

  Reglamento (CE) nº 336/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006, sobre la aplicación en la Comunidad del Código internacional de gestión de la seguridad y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 3051/95 del Consejo.

  Reglamento (CEE) 3577/92, del Consejo, de 7 de diciembre, por el que se aplica el principio de libre prestación de servicios a los transportes marítimos dentro de los Estados miembros (cabotaje marítimo) (Diario Oficial L 364, de 12.12.1992).

Preguntas Frecuentes

• ¿Qué ocurre en el caso de que la Administración competente en materia de transporte marítimo constate que la comunicación previa no incorpora todos o alguno de los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos y hubiera transcurrido el plazo legal de subsanación otorgado al efecto?

  En tal caso, dictará resolución motivada ordenando la inmediata paralización del servicio o la prohibición de su inicio hasta tanto sea corregida la omisión, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar.

  ¿Qué contenido debe tener la comunicación previa?

  Deberá determinarse la clase de servicio que se pretende prestar, indicando la zona o zonas donde se prevea realizar el transporte, los puntos de partida y llegada y la previsión de escalas.
  
  Además, cuando se pretenda prestar servicios de línea regular de cabotaje marítimo, también se deberá indicar el itinerario o itinerarios que se van a realizar, los puntos de partida y llegada, los lugares donde se realizarán las escalas y el puerto base y, en su caso, el tipo de pasaje en relación con la clase de transporte que se realice, si es de pasajeros, de mercancías o mixto.

  ¿Basta con la comunicación de inicio?

  No. La comunicación de inicio de actividades lo es sin perjuicio de la obtención de las autorizaciones, licencias, permisos o concesiones que sean precisas de acuerdo con la legislación vigente, en particular las que afectan a la seguridad de las embarcaciones y a la tripulación.

  ¿Qué otra obligación pesa sobre los navieros?

  Todas las empresas inscritas en el Registro Canario de Navieros quedan obligadas a suministrar la información sobre la actividad de transporte que realizan que le requiera la Administración competente en orden al adecuado ejercicio de sus competencias, en particular en cuanto a la garantía de las líneas regulares básicas para las comunicaciones entre las islas. Los requerimientos de información deben ser motivados y proporcionados al fin público perseguido.
  
  En particular, los transportistas deberán remitir, semestralmente, a la Administración competente información sobre el buque o buques empleados, los viajes realizados, el número de pasajeros, la cantidad y clase de carga transportada, el porcentaje de ocupación de cada buque, los precios medios aplicados, las incidencias relacionadas con el medio marino, especialmente con la fauna marina, y aquellos otros datos que se precisen mediante reglamento.

  ¿Constituye infracción la realización de transporte marítimo sin haber realizado la comunicación previa?

  Si, constituye infracción GRAVE, pudiendo imponerse las sanciones de:
  a) Apercibimiento.
  b) Multa (en este caso, desde 10.001 hasta 150.000 euros)
  c) El cese de la actividad.
  d) Caducidad de la autorización.
  e) Inhabilitación para el transporte marítimo.
  f) La resolución del contrato de obligación de servicio público.
  
  Cuando la infracción afecte a una línea que atiende necesidades básicas de transporte regular o, en todo caso, al medio ambiente marino, la cuantía de la multa podrá incrementarse hasta el doble, en función de la gravedad de la infracción cometida.

Códigos identificativos

• Sistema de Información de la Comunidad Autónoma de Canarias (SICAC):

  2224

• Sistema de Información Administrativa del Estado (SIA):

  220947